Sociedad Conyugal vs Separación de Bienes en CDMX: Cuál te Conviene en 2026

Marco legal: artículos del Código Civil para el Distrito Federal

Antes de explicar las implicaciones prácticas, conviene anclar la discusión en los textos que rigen el patrimonio matrimonial en la Ciudad de México. El régimen patrimonial del matrimonio no es un acuerdo informal: es una figura regulada por el Código Civil para el Distrito Federal (CCDF), vigente en la Ciudad de México. A continuación citamos los artículos clave que cualquier persona que se case o se divorcie en CDMX debe conocer, con una explicación práctica en lenguaje claro para no abogados.

Artículo 175 CCDF: régimen patrimonial general

El artículo 175 establece que el matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. No existen otros regímenes "puros" en CDMX, aunque la combinación de ambos vía capitulaciones permite construir regímenes mixtos a medida. La elección se documenta en las capitulaciones matrimoniales que se anexan al acta del Registro Civil de la Ciudad de México.

Artículo 178 CCDF: sociedad conyugal

El artículo 178 define la sociedad conyugal como el régimen en el que los cónyuges aportan a un patrimonio común los bienes que adquieran durante el matrimonio. Es el régimen supletorio: si en el acta de matrimonio no se especifican capitulaciones, la ley presume que el matrimonio se celebró bajo sociedad conyugal. Por eso es tan común en la CDMX —no porque sea el régimen ideal para todos, sino porque la mayoría de las parejas no lo elige conscientemente.

Artículo 183 CCDF: separación de bienes

El artículo 183 regula el régimen de separación de bienes, en el cual cada cónyuge conserva la propiedad y administración exclusiva de los bienes que le pertenecen al inicio del matrimonio y de los que adquiera después por cualquier título. También conserva los frutos, accesiones, rentas e intereses que esos bienes produzcan. La consecuencia jurídica más importante: en caso de divorcio no existe masa común a repartir.

Artículo 194 CCDF: capitulaciones matrimoniales

El artículo 194 define las capitulaciones como los pactos que los otorgantes celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración del patrimonio durante el matrimonio. Pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio (en escritura pública ante Notario Público de la CDMX o ante el Oficial del Registro Civil) o durante el matrimonio para sustituir el régimen vigente. Este artículo es la base jurídica del derecho de los cónyuges a diseñar un régimen mixto.

Artículos 196 a 206 CCDF: detalle de la sociedad conyugal

Este bloque regula el funcionamiento interno de la sociedad. El artículo 197 fija el contenido obligatorio de las capitulaciones (lista de bienes que cada cónyuge aporta, deudas, declaración expresa de si los bienes futuros entran o no a la sociedad). El artículo 198 establece que la administración corresponde a ambos cónyuges. Los artículos 203 a 206 regulan la liquidación: orden de pago, inventario, valuación, partición y entrega de hijuelas. En la práctica, el artículo 204 es el más invocado en sentencias de divorcio en los Juzgados Familiares de la CDMX, porque ordena cubrir primero las deudas comunes antes de partir el remanente 50/50.

Artículos 208 a 218 CCDF: detalle de la separación de bienes

Este bloque desarrolla el régimen de separación. El artículo 208 enumera qué bienes son propios (los del inicio del matrimonio, los adquiridos por herencia, legado, donación o suerte, los comprados con dinero propio, y los frutos de los bienes propios). El artículo 212 obliga a cada cónyuge a contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, aunque la pareja no tenga patrimonio común. Los artículos 215 a 218 prevén supuestos prácticos: muerte, ausencia, presunción de copropiedad sobre bienes adquiridos en común y la compensación a favor del cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos —figura central en los divorcios contemporáneos en CDMX.

Conocer estos artículos no convierte a nadie en abogado, pero sí permite leer las capitulaciones, el convenio de divorcio o la sentencia con criterio. Cuando un Juzgado Familiar de la CDMX cita el artículo 204 CCDF en una resolución, sabes que está ordenando la liquidación con cargo previo a las deudas comunes. Cuando un notario te ofrece "capitulaciones tipo" con texto estándar, puedes pedirle que personalice los artículos 197 y 198 a tu situación patrimonial real.

Cómo se elige el régimen al casarse en CDMX

La elección del régimen patrimonial ocurre en un momento muy concreto: al firmar la solicitud de matrimonio en el Registro Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, lo que muchas parejas no saben es que esa elección puede prepararse con semanas de anticipación firmando capitulaciones ante notario, y que también puede modificarse después. A continuación explicamos las tres vías formales para elegir o cambiar el régimen.

Vía 1: capitulaciones ante el Oficial del Registro Civil

Es la opción más económica y la que usa la mayoría de las parejas. Al presentar la solicitud de matrimonio en cualquier Juzgado del Registro Civil de la Ciudad de México, los contrayentes manifiestan si desean casarse bajo sociedad conyugal o separación de bienes y firman las capitulaciones en formato sencillo que el propio juzgado proporciona. Costo: incluido en el trámite ordinario de matrimonio civil (aproximadamente $1,200 a $2,000 MXN dependiendo del juzgado y si es servicio a domicilio o en sede). Limitación: las capitulaciones del Registro Civil son estándar; no permiten construir regímenes mixtos complejos ni excluir bienes específicos.

Vía 2: capitulaciones ante Notario Público de la CDMX

Cuando los contrayentes quieren un régimen a medida —por ejemplo, separación de bienes con cláusulas específicas para un negocio familiar, una herencia esperada o inmuebles previos— deben acudir a un Notario Público de la CDMX. El notario redacta las capitulaciones en escritura pública, las protocoliza y entrega un testimonio que los contrayentes presentan al Registro Civil junto con la solicitud de matrimonio. El Colegio de Notarios del Distrito Federal mantiene un directorio actualizado de las 250+ notarías habilitadas en la CDMX (entre ellas la Notaría 89, la Notaría 199 y otras especializadas en derecho familiar). Costo del trámite: $5,500 a $15,000 MXN dependiendo del patrimonio declarado, la complejidad de las cláusulas y los honorarios del notario.

Vía 3: modificación durante el matrimonio

La ley permite cambiar de régimen patrimonial después de la boda. Aquí se complica el procedimiento: el cambio requiere autorización judicial previa del Juez de lo Familiar (artículo 180 CCDF), nuevas capitulaciones ante notario, inscripción en el Registro Civil y, cuando hay inmuebles, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México (Manuel Villalongín 15, Col. Cuauhtémoc). El Juzgado Familiar competente —usualmente el del domicilio conyugal— revisa que el cambio no se haga en fraude de acreedores ni en perjuicio de hijos menores. Costo total del cambio: $28,000 a $75,000 MXN sumando honorarios judiciales, notariales y derechos de inscripción.

Recomendaciones prácticas antes de elegir

Antes de firmar cualquier capitulación, conviene tener una conversación franca sobre el patrimonio actual y futuro de cada contrayente. Si uno de los dos tiene un negocio propio, recibirá una herencia importante o ya posee inmuebles, la elección no debe tomarse a la ligera. Para entender los documentos que se necesitan cuando termina el matrimonio y cómo el régimen elegido influye en la complejidad documental del divorcio, recomendamos planear con visión de largo plazo. Una hora de asesoría legal antes de la boda puede ahorrar años de litigio después.

Caso real anonimizado: liquidación tras divorcio amistoso

Para ilustrar cómo opera la liquidación de la sociedad conyugal en la práctica, presentamos el caso de María C. (nombre ficticio para proteger la identidad de la clienta), de 42 años, profesionista en CDMX. María se casó en 2018 bajo el régimen de sociedad conyugal —el que aplica por defecto cuando no se otorgan capitulaciones expresas— y a finales de 2025 decidió divorciarse de común acuerdo con su esposo. Los datos económicos están redondeados para preservar el anonimato, pero el procedimiento descrito refleja un flujo típico en los Juzgados Familiares de la CDMX.

El patrimonio común al momento del divorcio

Durante sus ocho años de matrimonio, María y su esposo construyeron el siguiente patrimonio:

• Una casa habitación en la Colonia Del Carmen, Coyoacán, escriturada a nombre de ambos, valuada por perito autorizado en $4,500,000 MXN.
• Un automóvil Nissan Versa 2022, factura a nombre del esposo pero adquirido con ingresos del matrimonio, valuado en $285,000 MXN.
• Una cuenta bancaria conjunta con saldo de $180,000 MXN.
• Saldo en AFORE generado durante el matrimonio (parte proporcional): $95,000 MXN sumando ambas subcuentas.
• Una deuda hipotecaria pendiente sobre la casa: $680,000 MXN.

El procedimiento paso a paso

El procedimiento se desarrolló en cinco etapas durante aproximadamente cuatro meses:

1. Avalúo catastral y comercial. Se solicitó valor catastral al Catastro CDMX para la propiedad de Coyoacán y se contrató un perito valuador externo registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX para obtener el valor comercial. Costo del avalúo: $8,500 MXN.
2. Inventario y propuesta de partición 50/50. El despacho elaboró el inventario formal de bienes activos y pasivos. La propuesta consistió en que María se quedara con la casa cubriendo a su excónyuge la diferencia hasta igualar el 50% del haber líquido, mientras el esposo conservaría el automóvil y una porción mayor del saldo bancario.
3. Convenio de divorcio voluntario ante Notario. El convenio se otorgó en escritura pública ante la Notaría Pública número 89 de la Ciudad de México, conforme al artículo 272 del CCDF. La escritura incluyó la liquidación de la sociedad conyugal y la cláusula de adjudicación de la casa a María con compensación monetaria al excónyuge.
4. Aprobación judicial. El convenio se presentó al Juzgado Familiar competente. Para conocer en detalle cuándo procede el divorcio ante notario en CDMX sin necesidad de juzgado, conviene consultar la regulación específica. En este caso, por existir un inmueble con hipoteca activa, fue necesaria sentencia judicial.
5. Inscripción registral. La sentencia y la escritura de adjudicación se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México (oficinas centrales en Manuel Villalongín 15, Col. Cuauhtémoc), para que la transmisión de propiedad surtiera efectos frente a terceros.

Resultado y honorarios

El proceso completo se resolvió en cuatro meses sin disputa, gracias al acuerdo previo entre las partes. Los honorarios totales —que incluyeron asesoría, redacción del convenio, peritaje, derechos notariales, derechos registrales y representación judicial— sumaron aproximadamente $35,000 MXN, una cifra muy por debajo de lo que habría costado un divorcio contencioso (estimado entre $80,000 y $250,000 MXN según complejidad). Para una referencia detallada de cuánto cuesta divorciarse en CDMX en 2026 según el tipo de proceso, consultar el análisis específico.

La moraleja del caso: cuando la sociedad conyugal se liquida con buena fe, asesoría especializada y documentación ordenada, el régimen funciona exactamente como la ley lo diseñó —garantizar a ambos cónyuges la mitad de lo construido en común—. Los problemas surgen cuando una de las partes oculta bienes, cuando faltan avalúos o cuando se intenta excluir patrimonio fuera del marco del artículo 182 Quintus CCDF.

Tabla comparativa: 12 puntos clave entre los dos regímenes

A continuación, una comparativa exhaustiva de doce dimensiones jurídicas y prácticas entre la sociedad conyugal y la separación de bienes, aplicables exclusivamente en la Ciudad de México. Esta tabla resume los efectos de los artículos del CCDF revisados en secciones anteriores y permite ver de un vistazo qué régimen conviene según el perfil económico y familiar de cada pareja.

Esta tabla no sustituye una asesoría personalizada, pero sí permite descartar regímenes que claramente no conviene a una pareja. Si tu patrimonio es modesto y ambos trabajan o piensan trabajar, la sociedad conyugal te protege más. Si uno de los dos tiene un negocio, un patrimonio previo significativo o hijos de un matrimonio anterior, la separación de bienes —o un régimen mixto bien diseñado— es claramente preferible.

Errores comunes que llevan a litigios

La mayoría de los litigios sobre régimen patrimonial que llegan a los Juzgados Familiares de la CDMX no surgen por mala fe, sino por errores documentales y conceptuales cometidos años antes. A continuación, los cinco errores más frecuentes que vemos en el despacho, con su consecuencia jurídica específica y el artículo del CCDF que aplica.

Error 1: no registrar capitulaciones en escritura pública

Muchas parejas creen que un acuerdo verbal o un documento privado firmado entre ellos basta para constituir un régimen distinto a la sociedad conyugal. Es falso. El artículo 194 CCDF y la jurisprudencia consistente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX exigen escritura pública ante Notario y/o asentamiento en el acta del Registro Civil. Consecuencia legal: si no hay escritura pública, la sociedad conyugal aplica por defecto y los bienes adquiridos durante el matrimonio son 50/50, sin importar lo que las partes hayan acordado en privado. Caso típico: pareja casada en 2015 que firmó un documento privado de separación de bienes; al divorciarse en 2025, el juez ignoró el documento y ordenó liquidación bajo sociedad conyugal sobre dos inmuebles y un negocio. Pérdida estimada para uno de los cónyuges: $2,800,000 MXN.

Error 2: adquisición a nombre de uno solo en sociedad conyugal

Una creencia muy extendida es que si el inmueble o el coche se escritura/factura solo a nombre de uno de los cónyuges, el bien es exclusivo de esa persona. Consecuencia legal: el artículo 178 CCDF y el artículo 197 CCDF son claros: en sociedad conyugal todo bien adquirido durante el matrimonio entra al patrimonio común, independientemente de a nombre de quién esté el título. La única forma de excluirlo es probar que se compró con recursos propios anteriores al matrimonio (y aquí "probar" significa rastreo bancario documentado, no afirmaciones verbales). Caso típico: cónyuge que compra un departamento en Polanco con su sueldo durante el matrimonio, escriturado solo a su nombre; en el divorcio, el otro cónyuge reclamó —y obtuvo— el 50% conforme al artículo 203 CCDF.

Error 3: préstamos durante el matrimonio (responsabilidad solidaria)

Cuando un cónyuge contrata un crédito bancario y el otro firma como obligado solidario, ambos responden por la totalidad de la deuda, sin importar el régimen patrimonial. Consecuencia legal: el banco puede ejecutar contra cualquiera de los dos por el 100% del adeudo, aún en régimen de separación de bienes. En sociedad conyugal, además, el artículo 204 CCDF ordena pagar la deuda con el haber común antes de partir el remanente, lo que reduce la masa repartible. Caso típico: cónyuge que firmó como aval en un crédito de negocio del otro; tras el cierre del negocio y el divorcio, terminó pagando $920,000 MXN de un préstamo del que no se benefició. Antes de firmar como obligado solidario o aval, consultar a un abogado familiar es indispensable.

Error 4: bienes heredados mezclados con sociedad conyugal

Cuando un cónyuge recibe una herencia durante el matrimonio (artículo 182 Quintus CCDF) y la mezcla con fondos comunes —por ejemplo, depositando el dinero heredado en la cuenta conjunta o reinvirtiéndolo en mejoras a la casa familiar—, pierde la trazabilidad de los recursos. Consecuencia legal: sin trazabilidad documental, el juez presume que los frutos y reinversiones forman parte de la sociedad conyugal y se reparten 50/50. Caso típico: cónyuge que heredó $1,500,000 MXN, los usó para remodelar la casa común y abrir una cuenta de inversión a su nombre; en el divorcio el juez ordenó partir tanto la mejora como la cuenta. Para preservar el carácter de bien propio, lo correcto es mantener el dinero en una cuenta separada exclusiva del heredero, con respaldo de la sucesión y movimientos rastreables.

Error 5: no inventariar bienes en capitulaciones

El artículo 197 CCDF exige que las capitulaciones contengan una lista detallada de los bienes que cada cónyuge aporta al matrimonio, con su valor estimado y deudas asociadas. Cuando las capitulaciones omiten ese inventario, los bienes "propios" del inicio del matrimonio pierden respaldo documental. Consecuencia legal: el cónyuge que reclame un bien como propio deberá probarlo por otros medios (testimoniales, periciales, escrituras anteriores), proceso lento y costoso. Caso típico: cónyuge que tenía un departamento heredado antes del matrimonio sin inventariarlo en las capitulaciones; al divorciarse tuvo que iniciar un incidente probatorio que duró 14 meses para acreditar el carácter de bien propio. Para profundizar en qué documentos debes reunir antes de iniciar un divorcio en CDMX, consultar nuestra guía especializada.

Sentencia clave sobre liquidación de sociedad conyugal

El criterio jurisprudencial mexicano sobre liquidación de la sociedad conyugal ha sido moldeado por varias resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los Tribunales Colegiados de Circuito. A continuación citamos dos tesis que con frecuencia se invocan en sentencias dictadas por los Juzgados Familiares de la CDMX cuando hay disputa sobre el reparto de bienes.

Tesis de jurisprudencia 1a./J. 75/2014 (Décima Época)

La Primera Sala de la SCJN ha sostenido en diversas resoluciones que la liquidación de la sociedad conyugal procede conforme a las reglas establecidas en el Código Civil aplicable, y que el inventario, avalúo y partición son fases obligatorias del procedimiento. La línea jurisprudencial reconoce que las capitulaciones matrimoniales pueden establecer reglas particulares de liquidación, pero a falta de pacto expreso, opera el régimen supletorio de partes iguales contenido en el artículo 194 del Código Civil Federal (homólogo del 197 CCDF). En términos prácticos: esto significa que ningún cónyuge puede unilateralmente decidir cómo se reparten los bienes; la liquidación debe pasar por inventario formal, avalúo de perito autorizado y aprobación judicial o notarial.

Tesis I.6o.C.10 C (10a.) sobre partición de bienes

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ha sostenido criterios sobre la partición de bienes comunes que orientan la práctica de los Juzgados Familiares de la CDMX. La línea sostiene que, ante la imposibilidad de partir físicamente un bien (por ejemplo, una casa habitación), procede su venta y reparto del producto, o bien la adjudicación a uno de los cónyuges con obligación de pagar al otro la diferencia en numerario. En términos prácticos: el cónyuge que quiere conservar el inmueble familiar puede hacerlo, pero debe compensar económicamente al otro por la mitad del valor comercial, no del valor catastral. Esta diferencia —que en zonas como Polanco, Roma, Coyoacán o San Ángel puede representar millones de pesos— suele ser la fuente de los litigios más prolongados.

Cómo usar la jurisprudencia en tu caso

Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación son la fuente primaria para conocer cómo interpretan los tribunales mexicanos los artículos del CCDF. Antes de aceptar una propuesta de liquidación que parezca injusta —ya sea por avalúos bajos, por pretender excluir bienes claramente comunes o por compensaciones simbólicas—, conviene que un abogado familiar revise si existen tesis aplicables a la situación específica. En nuestro despacho consultamos rutinariamente el Semanario Judicial y el portal de la SCJN para citar criterios actualizados en los escritos que presentamos ante los Juzgados Familiares ubicados en Av. Niños Héroes 132, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX —la sede principal donde se concentran los juzgados familiares del primer turno.

Cuando el régimen es separación de bienes, la jurisprudencia también ha desarrollado el criterio de la compensación al cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, conforme al artículo 267 fracción VI del CCDF. Esta compensación puede alcanzar hasta el 50% del patrimonio del otro cónyuge generado durante el matrimonio, lo que en la práctica acerca la separación de bienes al efecto patrimonial de la sociedad conyugal en muchos casos. La SCJN ha confirmado este criterio en múltiples amparos, consolidando una protección importante para quienes asumen el trabajo doméstico y de crianza sin ingresos formales.

Procedimiento ante los Juzgados Familiares de la CDMX

Cuando la liquidación de la sociedad conyugal no se resuelve por convenio amistoso, el procedimiento se desarrolla ante los Juzgados de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Conocer la mecánica procesal ayuda a las partes a anticipar tiempos, costos y documentos necesarios.

Competencia del Juzgado Familiar

La competencia se determina por el último domicilio conyugal o por el domicilio del demandado. En la CDMX existen 46 Juzgados de lo Familiar distribuidos en distintas sedes, concentrados principalmente en el edificio de Av. Niños Héroes 132, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Las parejas con domicilio en Coyoacán, Tlalpan o Xochimilco pueden tener competencia en juzgados ubicados en sedes regionales (como la sede de Plaza Juárez para casos del primer turno). La asignación de juzgado se realiza por turno electrónico mediante la Oficialía de Partes Común del TSJCDMX.

Etapas procesales de la liquidación

El procedimiento contencioso de liquidación de sociedad conyugal sigue las siguientes etapas, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y al CCDF:

1. Demanda y emplazamiento. El cónyuge actor presenta escrito inicial con la solicitud de liquidación, acompañando acta de matrimonio, capitulaciones (si existen), sentencia de divorcio o solicitud conjunta, y listado preliminar de bienes y deudas.
2. Contestación. El cónyuge demandado tiene nueve días hábiles para contestar y oponer excepciones; aquí suele reclamarse el carácter propio de ciertos bienes.
3. Audiencia previa y de conciliación. El juez intenta mediar; si las partes acuerdan inventario o avalúo, se levanta acta y se prosigue con la fase pericial.
4. Etapa probatoria. Se ofrecen y desahogan pruebas: documentales (escrituras, contratos, estados de cuenta), testimoniales y, sobre todo, periciales en materia de valuación inmobiliaria, contable y fiscal.
5. Alegatos y sentencia. Tras el desahogo probatorio, las partes presentan alegatos y el juez emite sentencia definitiva que ordena la partición, designa un albacea-partidor (cuando procede) y autoriza la inscripción registral.

Tiempo estimado

Cuando la liquidación es voluntaria —convenio firmado por ambos cónyuges— el procedimiento concluye en 3 a 6 meses. Cuando es contenciosa, los tiempos se elevan considerablemente: 12 a 30 meses en primera instancia, más eventuales apelaciones que pueden sumar 6 a 12 meses adicionales. La diferencia justifica todo el esfuerzo de negociación previa: una liquidación amistosa puede ahorrar dos o tres años de litigio y cientos de miles de pesos en honorarios y costos.

Pruebas periciales clave

En la práctica forense de los Juzgados Familiares CDMX, las periciales más frecuentes en liquidación de sociedad conyugal son:

• Avalúo inmobiliario por perito autorizado ante el TSJCDMX. Costo típico por inmueble: $6,000 a $18,000 MXN.
• Pericial contable sobre cuentas bancarias, inversiones y movimientos patrimoniales durante el matrimonio. Útil para acreditar la existencia de bienes no declarados.
• Pericial en valuación de negocios cuando uno de los cónyuges es titular de una empresa. Determina el valor de la participación social al momento del divorcio.
• Pericial en grafoscopia cuando se disputan firmas en escrituras o contratos.

El costo total de las periciales en un caso complejo puede sumar $45,000 a $150,000 MXN, pago que normalmente se cubre por mitades o conforme lo determine el juez en la sentencia interlocutoria respectiva.

Inscripción de la sentencia

Una vez ejecutoriada la sentencia, se procede a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuya oficina central se encuentra en Manuel Villalongín 15, Col. Cuauhtémoc. Esta inscripción es indispensable para que la transmisión de propiedad surta efectos frente a terceros y para poder vender o hipotecar los inmuebles adjudicados. Adicionalmente, cuando hay inmuebles, debe actualizarse la cuenta predial en el Catastro CDMX para reflejar al nuevo titular y evitar problemas con el impuesto predial subsecuente.

El papel del Notario Público en CDMX

El Notario Público es una figura central en todas las decisiones patrimoniales del matrimonio: redacta capitulaciones, formaliza la adquisición de inmuebles, prepara convenios de liquidación y otorga las escrituras de adjudicación. Conocer cómo interactúa el notariado con el régimen patrimonial ayuda a las parejas a tomar decisiones informadas en cada etapa del matrimonio.

Notarías y régimen patrimonial

En la Ciudad de México operan más de 250 notarías agrupadas en el Colegio de Notarios del Distrito Federal. Aunque todas tienen las mismas facultades, en la práctica algunas se especializan en derecho familiar y patrimonial. Notarías como la Notaría Pública número 89 y otras del centro y poniente de la ciudad cuentan con experiencia consolidada en capitulaciones matrimoniales complejas, convenios de liquidación y divorcios voluntarios bajo el procedimiento del artículo 272 CCDF (divorcio administrativo). Antes de elegir notaría, conviene solicitar al menos tres cotizaciones formales y verificar la experiencia específica en casos similares al propio.

Documentos que el Notario suele requerir

Para otorgar capitulaciones o convenio de liquidación, el notario solicita:

• Identificaciones oficiales vigentes de ambos cónyuges.
• Acta de matrimonio actualizada (máximo 6 meses de antigüedad).
• Capitulaciones previas, si las hubo.
• Escrituras de los inmuebles que entran al régimen.
• Avalúos catastrales o comerciales recientes.
• Estados de cuenta bancarios y de inversión.
• Constancias de no adeudo predial y de agua emitidas por el Catastro CDMX y SACMEX.
• En liquidación: convenio firmado por ambos cónyuges y, cuando aplica, sentencia judicial ejecutoriada.

Aranceles notariales en CDMX

Los honorarios notariales en la Ciudad de México se rigen por el Arancel del Colegio de Notarios del Distrito Federal, que fija mínimos y permite ajustes a la complejidad del acto. Como referencia para 2026:

• Capitulaciones simples antes del matrimonio: $5,500 a $15,000 MXN.
• Capitulaciones con régimen mixto detallado: $18,000 a $45,000 MXN.
• Convenio de liquidación de sociedad conyugal con inmueble: $35,000 a $90,000 MXN, dependiendo del valor del inmueble.
• Divorcio administrativo ante notario (artículo 272 CCDF, sin hijos menores ni bienes): $18,000 a $35,000 MXN.

A estos honorarios deben sumarse impuestos (ISAI cuando hay transmisión de propiedad), derechos del Registro Público de la Propiedad y, en algunos casos, derechos del Catastro CDMX por la actualización de cuenta predial.

Cuándo conviene notario y cuándo juzgado

El divorcio y la liquidación ante notario solo proceden cuando se cumplen estrictamente los requisitos del artículo 272 CCDF: ambos cónyuges mayores de edad, sin hijos menores, sin embarazo, con acuerdo total sobre la liquidación y, en algunos casos, con patrimonio modesto. Si existe cualquier desacuerdo, hijos menores o conflictos sobre bienes, el procedimiento debe llevarse ante el Juzgado Familiar competente del TSJCDMX. La diferencia en tiempos es notable: notarial concluye en 4 a 8 semanas, judicial voluntario en 3 a 6 meses, judicial contencioso en 12 a 30 meses.

Una recomendación final que repetimos a todos nuestros clientes en CDMX: antes de firmar cualquier escritura, capitulación o convenio de liquidación, dediquen al menos una sesión de asesoría con un abogado familiar independiente de la notaría elegida. Esta segunda opinión cuesta entre $1,500 y $3,500 MXN y puede prevenir errores que cuesten cientos de miles de pesos. El régimen patrimonial bien elegido y bien documentado es uno de los mejores blindajes legales que una pareja puede tener; el régimen mal entendido es una de las causas más frecuentes de litigios largos en los Juzgados Familiares del TSJCDMX.